EUROPA PRESS.- Amnistía Internacional denuncia, en un nuevo informe, que más de 3.000 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 en todo el mundo, una cifra que creen «significativamente subestimada», ya que «no existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID- 19».
El informe, que analiza cómo el personal socio-sanitario en todo el mundo ha sufrido inseguridad en el trabajo, represalias y represión, violencia y estigma durante la pandemia. Señala también a los países con el mayor número de muertes de trabajadores de la salud hasta el momento: EE.UU.(507), Rusia (545), el Reino Unido (540, incluidos 262 trabajadores de asistencia social), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).
Teniendo en cuenta que solo ha analizado las cifras de 79 países del mundo, afirma que «es probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos, y además es difícil hacer comparaciones exactas entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos». Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos que han facilitado las asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos.
«Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19», señalan en un informe donde califican de «alarmante» que Amnistía Internacional haya documentado casos, además, en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad, en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias, desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.
«Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas», ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.
REITERADA ESCASEZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Por otro lado, recuerda que ha sido reiterada en el tiempo y desde gran parte de los países analizados la grave escasez de equipos de protección individual (EPI), así se denuncio en casi la totalidad de los 63 países y territorios que estudió Amnistía Internacional sobre esta situación.
Entre ellos figuran países que todavía no han vivido lo peor de la pandemia, como India y Brasil, y varios países de África. Un médico que trabajaba en Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina dedicaban alrededor del 12% de su salario mensual a comprar de su bolsillo equipos de protección individual.
Además de la escasez de suministros global, las restricciones comerciales podrían haber agravado el problema. En junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de estos equipos, de algunos de ellos o de sus componentes.
«Si bien los Estados deben garantizar que hay suficientes EPI para quienes trabajan dentro de su territorio, las restricciones comerciales podrían agravar la escasez en países que dependen de las importaciones», ha señalado Sanhita Ambast, quien considera que «la pandemia de COVID-19 es un problema global que exige una cooperación global».
REPRESIÓN Y VIOLENCIA
Amnistía Internacional ha documentado también varios casos en los que personal sanitario y trabajadores esenciales experimentaron estigma y violencia debido a su trabajo. Por ejemplo, según informes, en México arrojaron cloro a una enfermera cuando iba por la calle, y en Filipinas lanzaron lejía a la cara de un trabajador de un hospital.
Estos incidentes indican la existencia de un clima de «desinformación y estigma», y subrayan la importancia de que los gobiernos faciliten información precisa y accesible sobre la propagación de la COVID-19.
En Pakistán, Amnistía Internacional ha tenido constancia de varios casos de violencia contra personal sanitario desde abril: hospitales destrozados, agresiones a profesionales médicos e incluso un miembro de la Fuerza Antiterrorista que disparó a un médico. Ha habido varias declaraciones de ministros en Pakistán en las que afirman que los hospitales cuentan con los recursos necesarios a pesar de que algunos informes indican que los centros se han visto obligados a no admitir incluso a pacientes en estado crítico debido a la falta de camas, respiradores y otros equipos vitales.
Es «especialmente preocupante» les parece ver como algunos gobiernos castigan a quienes expresan su preocupación por unas condiciones laborales que podrían poner en peligro sus vidas. «Los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en primera línea son los primeros en saber si la política del gobierno no funciona, y las autoridades que los silencian no pueden decir en serio que están dando prioridad a la salud pública», ha añadido Sanhita Ambast.
PIDE A LOS GOBIERNO UN EXAMEN PÚBLICO
«Pedimos a todos los Estados afectados por la COVID-19 que hagan un examen público e independiente de su preparación para la pandemia y sus respuestas a ésta con el fin de proteger mejor los derechos humanos y las vidas en el caso de que se produzca un brote masivo de la enfermedad en el futuro», ha concluido Sanhita Ambast.
Este examen debería incluir si se han protegido adecuadamente los derechos del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales, incluidos los relativos a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y a la libertad de expresión.
A su juicio, «los Estados deben garantizar una compensación adecuada a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que hayan contraído la COVID-19 como consecuencia de su actividad laboral». También deben investigar los casos de trabajadores y trabajadoras que hayan sufrido represalias por exponer inquietudes sobre salud y seguridad, y proporcionar un recurso efectivo a quienes hayan recibido un trato injusto, incluida la readmisión de quienes hayan perdido su trabajo por protestar.
En España, con más de 52.000 casos de profesionales sanitarios contagiados y al menos 63 fallecidos hasta el momento, Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña para exigir la protección del personal sanitario y que se destinen más recursos para la sanidad pública. La organización recuerda que es necesario tener clara la radiografía de dónde han estado los agujeros negros, es decir, dónde se ha fallado a la hora de proteger a los y las profesionales sanitarios, para que se adopten medidas que blinden esa protección en el futuro, especialmente ante posibles rebrotes.
Para ello, señalan, «es esencial contar con datos desagregados de las personas contagiadas y fallecidas en el sector por sexo, tipo de profesional y centro médico donde trabajan».
Además de trabajar en unas condiciones laborales peligrosas, Amnistía Internacional ha documentado que algunos trabajadores reciben un salario injusto y, en algunos casos, su labor no es remunerada. Además de mejores condiciones económicas y laborales, pide a los Estados que consideren la COVID-19 enfermedad profesional.
