CAE

El Consejo Andaluz de Enfermería ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, por acuerdo unánime del Pleno de esta corporación, denunciando la situación que atraviesan las enfermeras y enfermeros que prestan sus servicios en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma por la falta de material de protección adecuado en la lucha contra el COVID-19, lo cual pone en riesgo tanto su salud como su propia vida, así como la de sus pacientes e incluso la de sus familiares; todo ello como resultado de la falta de previsión y la improvisación del Gobierno y la Junta en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán Ruiz, ha contactado con el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) tras la queja elevada por esta corporación,  para tratar de aclarar el contenido de la errática y confusa circular que la Dirección Gerencia emitió el pasado 1 de abril, apercibiendo a los profesionales sanitarios de no manifestarse públicamente en respecto a su labor asistencial así como sobre los recursos materiales y humanos con los que se están enfrentando a esta pandemia. Guzmán ha señalado que dicha circular no va dirigida contra la libertad de expresión de los profesionales, amparándose en que la indeterminación de la misma al referirse a la normativa Estatal haya podido ser la causa de la interpretación dada por parte de algunos medios de comunicación, contraria -según expresamente ha reconocido- al objeto pretendido por dicha circular.

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), organización que representa a las más de 40.000 enfermeras andaluzas, ha registrado una queja ante el responsable de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán Ruiz, por la circular que ha emitido en plena crisis sanitaria en Andalucía por la pandemia de COVID-19, y en la que la institución considera que de una forma “errática y confusa” se establece una “ley del silencio” entre sus profesionales. Por un lado, se cuestiona la responsabilidad de guardar secreto profesional sobre los datos de los pacientes, transmitiendo a la opinión pública en la situación actual de crisis, una idea equívoca de que nuestros profesionales pueden estar actuando contra dichos deberes, lo que consideramos una grave acusación. De otra parte, se refiere soterradamente a la obligación de no revelar información sobre la situación asistencial así como las necesidades de recursos materiales y humanos, lo que entendemos atenta frontalmente contra los derechos fundamentales de los trabajadores en unas circunstancias como las actuales, con un índice de un 23% de sanitarios contagiados y el continuo fallecimiento de profesionales – como el reciente del enfermero de Jaén, Pedro Carrillo –.

El Complejo Hospitalario de Jaén comunicó ayer la muerte de Pedro Carrillo, un enfermero que trabajaba en el hospital Neurotraumatológico y que fallecía como consecuencia del contagio de COVID-19 al no haber podido superar la enfermedad. Ayer Pedro recibía el reconocimiento y el cariño del presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez Cobo y del gerente del Complejo Hospitalario, Osamah El Rubai-dí: “ha sido un profesional ejemplar de reconocido prestigio, con una impecable trayectoria profesional y docente”. 

El Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha decidido por unanimidad, interponer una denuncia por la vía de lo penal contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por COVID-19 debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, dejando a los trabajadores que los integran en el más absoluto desamparo.

El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) muestra su adhesión unánime a las actuaciones que se están llevando a cabo en toda España para frenar la mal llamada “farmacia comunitaria”. Ante las graves y nefastas consecuencias que la toma en consideración por algunas Comunidades Autónomas de poner en manos de los farmacéuticos las funciones asistenciales a domicilio propias de los profesionales de Enfermería y médicos puede acarrear a pacientes, el CAE ha considerado necesario realizar un profundo análisis sobre la citada cuestión en toda Andalucía. El estudio ha sido llevado a cabo por el prestigioso Grupo Análisis e Investigación y el mismo ha obtenido unos resultados muy concluyentes, con un importante muestreo en cada una de las ocho provincias andaluzas, en la línea de estudios similares realizados en otras Autonomías y a nivel nacional. Con tal motivo, este Consejo quiere trasladar a la opinión pública que en Andalucía la inmensa mayoría de los encuestados, un 87,2%, cree que el control del tratamiento sólo debe estar en manos de médicos y enfermeros, que son los que conocen de forma integral las enfermedades y sus pacientes, así como son quienes tienen acceso a su historia clínica.