Madrid, 2 de febrero de 2021.- Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que reconoce el COVID-19 como enfermedad profesional para los sanitarios. La medida, que el Consejo General de Enfermería lleva reclamando desde hace meses, ha sido aplaudida por este organismo, así como su carácter retroactivo y es que, recuerdan desde el Consejo, hasta ahora, en nuestro país, se han infectado más de 80.000 enfermeras. “Estamos muy satisfechos con la aprobación de esta medida y con el hecho de que no sólo se aplique a partir de ahora sino desde el comienzo de la pandemia. No olvidemos que en la primera ola fue cuando nuestros profesionales estuvieron más expuestos ya que se enfrentaban a una enfermedad desconocida hasta ese momento y sin los equipos de protección necesarios”, ha explicado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. 

REDACCIÓN/EP.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios serán considerados como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad. Con esta medida, el Ejecutivo da luz verde a una de las grandes reivindicaciones de la Organización Colegial de Enfermería, que siempre ha abogado por la necesidad de que la enfermedad derivada de esta pandemia fuese considerada accidente de trabajo. «Esta decisión se tenía que haber tomado desde el primer momento, pero, aun así, es una buena noticia que el Consejo de Ministros haya aprobado esta medida, que venimos pidiendo desde la organización que presido desde hace semanas. Ahora esperamos que la declaración como enfermedad profesional se haga cuanto antes a través de su procedimiento oficial», afirma el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

El Consejo Andaluz de Enfermería ha elevado escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio de Sanidad, solicitando que realicen las actuaciones y trámites necesarios para el reconocimiento del contagio de los profesionales sanitarios por COVID-19 como enfermedad profesional, con los correspondientes efectos económicos y laborales, así como para futuras secuelas de incapacidad laboral, tomándose en cuenta desde el propio momento en que se produce el hecho causante de la misma.